La reforma previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora en Córdoba enfrenta un escenario de creciente tensión tras un reciente fallo judicial que limita su aplicación. La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación dictó una medida cautelar que ordena a la Caja de Jubilaciones abstenerse de aplicar el artículo 2 de la Resolución 496 del Ministerio de Economía sobre una jubilada provincial, hasta que se resuelva el fondo del amparo presentado. Esta decisión, interpretada como una advertencia tanto política como jurídica, ha fortalecido la posición de los gremios y la oposición, que ven en el fallo un reconocimiento preliminar de la posible vulneración de derechos adquiridos.

La reforma, conocida como Ley de Equidad Jubilatoria, fue aprobada a fines de 2025 y establece aumentos escalonados en los aportes de los trabajadores activos, así como una reducción directa en los haberes jubilatorios. Según los sindicatos, la normativa consolida un esquema de licuación permanente de ingresos, ya que los futuros aumentos para los pasivos quedarían absorbidos por los nuevos porcentajes de aporte. Ante este panorama, una veintena de gremios estatales y privados se reunieron para coordinar un plan de lucha que incluye protestas sorpresivas y la evaluación de acciones legales conjuntas, tanto en la justicia provincial como en instancias nacionales.

El gobierno provincial, por su parte, ha optado por no emitir declaraciones públicas sobre el fallo y mantiene su defensa de la reforma, argumentando que ningún jubilado cobrará menos. Sin embargo, la medida cautelar ha abierto una grieta jurídica y política que promete profundizarse en las próximas semanas, especialmente cuando se retome la actividad judicial tras la feria de enero.

El conflicto se desarrolla en un contexto de presión financiera sobre la provincia, agravado por la falta de aportes nacionales a la caja previsional. La situación ha generado malestar no solo entre los trabajadores y jubilados, sino también en el ámbito judicial, donde la nueva escala de aportes y topes afecta a jueces y funcionarios. Mientras tanto, la oposición y los gremios insisten en que la ley es "confiscatoria" y avanzan en la preparación de nuevos amparos colectivos, anticipando un verano de alta conflictividad social y judicial en Córdoba.