Una investigación judicial y policial ha sacudido la frontera entre Argentina y Paraguay, revelando una compleja red de narcotráfico y corrupción que involucra a políticos, jueces y organizaciones criminales. El epicentro de la trama se sitúa en la localidad argentina de Itatí y en el departamento paraguayo de Ñeembucú, donde el intendente Ariel Arce Rotela es actualmente investigado por presuntos vínculos con el tráfico de marihuana y la compra de información judicial.

La "Operación Sapucay", llevada a cabo en 2016, desmanteló una organización que traficaba hasta 15 toneladas semanales de marihuana desde Paraguay hacia al menos siete provincias argentinas. Entre los implicados se encontraban el entonces intendente de Itatí, su vice y varios policías locales. Sin embargo, la estructura criminal logró adaptarse y persistir en la región.

Uno de los protagonistas, Morenita Marín, fue detenido y protegido por el Estado argentino, pero reincidió en el delito y murió en un enfrentamiento con la policía en 2023. Según su testimonio y el de otros testigos, los hermanos Hugo y Ariel Arce eran los principales proveedores de marihuana, utilizando rutas fluviales para el traslado de la droga.

La reciente investigación en Paraguay incluyó allanamientos en la Municipalidad de Mayor Martínez, la residencia de Arce y varias oficinas fiscales. Se descubrió que el intendente habría pagado 120.000 dólares por obtener los expedientes completos de la causa en su contra, filtrados por una asistente fiscal y vendidos a través de un intermediario político. "Es un caso de cohecho pasivo agravado", afirmó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.

El exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue condenado en 2023 a seis años de prisión por cobrar coimas a narcotraficantes a cambio de favores judiciales. La condena marcó el cierre de un ciclo de impunidad, aunque la red criminal continúa operando con nuevos actores.

El senador opositor Rafael Filizzola calificó la situación como "la radiografía de un Estado capturado por la mafia". Por su parte, Arce negó cualquier vínculo con el narcotráfico y sostuvo que fue víctima de un intento de estafa. La investigación sigue en curso y podría tener consecuencias políticas y judiciales de gran alcance en ambos países, en una frontera donde el Estado ha sido históricamente débil y permeable a la influencia del crimen organizado.