Organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional presentaron una acción judicial contra el municipio de San Isidro, provincia de Buenos Aires, por presuntas barreras en el acceso al aborto legal en el Hospital Materno Infantil local. Según testimonios y una investigación periodística citada por Amnistía, desde 2024 se registraron prácticas sistemáticas para dificultar la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo la derivación de mujeres a consultorios externos donde se las disuadía de continuar con el procedimiento, en contravención del marco legal vigente.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió sobre un "alarmante deterioro" en el acceso al aborto en el país. El informe de la organización señala que en 2025 las denuncias por obstáculos aumentaron un 300% respecto al año anterior, alcanzando 406 casos. Además, se reportó desabastecimiento de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona en más de la mitad de las provincias argentinas, lo que obligó a muchas personas gestantes a costear la medicación, cuyo valor puede llegar a 300.000 pesos.

La situación se agravó tras el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, con recortes y retiro del Estado nacional de políticas de salud sexual y reproductiva. "Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida", afirmó Belski.

A pesar de intentos de diálogo con el municipio desde 2024, Amnistía Internacional sostiene que no hubo respuestas satisfactorias, lo que motivó la vía judicial. El municipio de San Isidro no emitió declaraciones públicas al respecto. El caso se suma a una tendencia nacional de crecientes barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que la ley garantiza este derecho desde 2020. Entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el país, según datos oficiales. El desenlace judicial podría sentar un precedente sobre la implementación de la ley en contextos de resistencia local.