El abogado Iván Carlos Méndez fue imputado este viernes en Rosario por su presunto rol como "mensajero" de presos de alto perfil alojados en cárceles federales. Méndez, quien estudió Derecho mientras cumplía condena por narcotráfico, fue detenido en un operativo de la Policía Federal y quedó bajo prisión preventiva por 180 días, según resolvió el juez Carlos Vera Barros.

La investigación, liderada por fiscales de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), determinó que Méndez no ejercía funciones de defensa legal para los internos que visitaba, sino que actuaba como intermediario entre los líderes criminales y sus estructuras externas. Entre los reclusos con los que mantenía contacto se encuentran Mario Segovia, conocido como "El rey de la efedrina"; Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez; Julio Rodríguez Granthon, Cristian "Pupito" Avalle y Uriel Luciano "Lucho" Cantero, presunto jefe de Los Monos.

Según los fiscales, Méndez facilitaba la comunicación entre los presos y sus allegados, permitiendo la continuidad de actividades delictivas desde la cárcel. "Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel", explicó el fiscal Matías Scilabra. Las pruebas incluyen escuchas telefónicas, registros de visitas y evidencia de operaciones de compra-venta de bienes, como la adquisición de un campo y vehículos, con pagos en dólares y transferencias de autos.

Méndez cobraba por sus servicios de intermediación, con tarifas mensuales de hasta USD 4.000 o USD 500 por mensaje. Además, se le incautó un arma de guerra en su domicilio, ubicado en la Villa 31 de Retiro, facilitado por César Morán de la Cruz, otro capo narco. Las escuchas revelan la coordinación de cargamentos de drogas y la gestión de recursos humanos y materiales para sostener la actividad criminal.

El caso expone la vulnerabilidad de los controles penitenciarios y la estrategia de los narcos de utilizar abogados como "correos humanos" para eludir el régimen de aislamiento. Las autoridades destacan la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en los penales federales para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde prisión. El caso de Méndez se suma a otros antecedentes similares, generando preocupación sobre la efectividad del sistema judicial y penitenciario argentino.