Una mujer mendocina ha llevado al Arzobispado de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que pone en el centro del debate la responsabilidad institucional de la Iglesia frente a denuncias de violencia de género. La denunciante, quien mantuvo una relación de más de una década con un diácono que le ocultó su doble vida y la obligó a abortar en dos ocasiones, acusa al Arzobispado de haberla revictimizado durante la investigación eclesiástica.

La historia comenzó en 2003, cuando la mujer inició una relación con quien creía un viajante de comercio soltero. Años después, descubrió que su pareja estaba casada, tenía otra familia y ejercía funciones como diácono y director de un seminario. Tras la revelación, el hombre abandonó el hogar y cortó todo contacto. En 2018, la mujer denunció formalmente al Arzobispado, solicitando la apertura de un proceso canónico y la expulsión del religioso.

Durante la investigación interna, la denunciante asegura haber sufrido trato intimidatorio, falta de información y negación de asistencia legal. En 2019, presentó una demanda civil por daños derivados de violencia de género institucional, psicológica y simbólica. En 2023, la Justicia civil le dio la razón y condenó al Arzobispado, fallo que fue confirmado en segunda instancia. Sin embargo, en marzo de 2024, la Suprema Corte de Mendoza revocó la sentencia, argumentando que el secreto canónico se aplica por igual a hombres y mujeres y que el caso constituía una falta disciplinaria interna, no un ilícito civil.

Ante este revés, la defensa de la mujer recurrió a la Corte Suprema de la Nación, alegando gravedad institucional y vulneración de garantías constitucionales y tratados internacionales de protección a la mujer. El máximo tribunal nacional deberá decidir si revisa la sentencia provincial, en un caso que podría sentar precedente sobre la responsabilidad de la Iglesia en situaciones de violencia institucional. Si la Corte Suprema falla a favor de la denunciante, el Arzobispado podría ser condenado a reparar económicamente los daños. De lo contrario, la mujer aún podría acudir a organismos internacionales de derechos humanos.