En una sesión marcada por la tensión política y el escándalo, la senadora Cristina López, representante de Tierra del Fuego por Unión por la Patria, propuso la creación de un "impuesto Karina" del 3% a los sectores más ricos del país, con el objetivo de financiar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa surgió en el contexto del debate para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei.

Durante su intervención, López vinculó la falta de recursos en el área de discapacidad con las denuncias de presuntas coimas en la compra de medicamentos y otros insumos, según audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. En dichos audios, se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, como supuesta beneficiaria de un sistema de recaudación ilícita. "¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas", expresó la senadora, quien además entonó el jingle viral "Alta coimera, Karina es alta coimera", que se ha popularizado en protestas y redes sociales.

La propuesta de López fue acompañada de duras críticas al gobierno nacional, al que acusó de "crueldad" y "corrupción" por recortar fondos y vetar una ley que, según la oposición, busca proteger a los sectores más vulnerables. La ley de emergencia en discapacidad, aprobada previamente en Diputados, contempla la actualización de aranceles para prestadores, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y la regularización de deudas del sistema de salud con los prestadores.

El escándalo de presuntas coimas en ANDIS ha generado un fuerte impacto mediático y social, con manifestaciones de familias y organizaciones de personas con discapacidad frente al Congreso. El jingle "Alta coimera", creado por la cantante María Paula Godoy, se ha convertido en un símbolo de protesta y descontento popular.

Mientras la oposición busca reunir los votos necesarios para rechazar el veto presidencial y hacer vigente la ley, el oficialismo denuncia una campaña de desprestigio y sostiene que las acusaciones carecen de fundamento. El desenlace de este conflicto podría marcar un hito en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, y tendrá repercusiones en la agenda política y social de los próximos meses.