Una delegación de legisladores y dirigentes argentinos fue expulsada de Bolivia tras intentar ingresar al país para relevar denuncias de represión en el marco de las protestas que sacuden al país vecino desde hace más de un mes. El grupo, integrado por diputados nacionales como Juan Marino y Nicolás del Caño, así como representantes sindicales y de derechos humanos, fue retenido en el aeropuerto de La Paz, donde las autoridades migratorias les retiraron los documentos y les impidieron el ingreso sin brindar explicaciones claras, según denunciaron los propios afectados.

Posteriormente, la delegación fue trasladada a Santa Cruz de la Sierra y deportada de regreso a la Argentina. "Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación", afirmó la legisladora Alejandra Barry en un video grabado en el aeropuerto paceño. El diputado Marino, por su parte, confirmó el regreso mediante un mensaje en redes sociales y anticipó una conferencia de prensa a su arribo a Buenos Aires.

El gobierno boliviano justificó la medida alegando "inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación", además de cuestiones vinculadas al cumplimiento de la legislación migratoria. Legisladores oficialistas bolivianos respaldaron la expulsión y acusaron a la misión argentina de intentar intervenir en asuntos internos y de coordinar acciones para desestabilizar al gobierno.

La Cancillería argentina, a través de un comunicado, avaló la decisión de Bolivia y subrayó el derecho soberano de cada Estado a regular el ingreso de extranjeros. Esta postura generó debate en el ámbito político argentino, donde algunos sectores reclamaron mayor protección para los legisladores expulsados y otros defendieron la no injerencia en asuntos internos de otros países.

El episodio se produce en un contexto de crisis en Bolivia, con al menos 16 muertos y pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares, según datos oficiales. Las protestas y denuncias de represión han motivado la preocupación de organismos internacionales y la atención de la comunidad regional. El desenlace de este incidente podría tener implicancias en las relaciones bilaterales y en el abordaje de la situación de derechos humanos en Bolivia.