Un hombre de 84 años fue rescatado en el barrio porteño de Mataderos tras haber sido víctima de explotación y trata de personas por parte de tres individuos que lo obligaban a pedir limosna y le robaban su jubilación. La investigación, iniciada por una denuncia anónima a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate, permitió a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y a la Policía Federal Argentina reconstruir el calvario que vivió el anciano entre marzo y mayo de 2026.

Según la resolución del juez federal Julián Ercolini, los acusados —una pareja y un tercer cómplice— mantenían al hombre en condiciones inhumanas dentro de una vivienda de la calle Tapalqué, donde residía rodeado de basura y sin acceso a condiciones mínimas de higiene. Además, lo obligaban a instalarse diariamente en la esquina de Tapalqué y Murguiondo para pedir dinero, controlando de cerca sus movimientos y apropiándose de todo lo recaudado, así como de su jubilación, mediante la retención de su DNI y tarjeta de débito.

El allanamiento realizado el 18 de mayo permitió encontrar a la víctima en un estado de aislamiento extremo y deterioro físico. Aunque el hombre manifestó inicialmente que se encontraba bien, los peritajes psicológicos y ambientales confirmaron el sometimiento y la anulación de su voluntad. El juez Ercolini remarcó que la ausencia de percepción subjetiva de sometimiento no descarta la existencia objetiva de explotación y dependencia.

La Justicia procesó a los tres acusados por el delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la edad de la víctima y la participación de varias personas. Además, dictó prisión preventiva y embargó bienes por 20 millones de pesos a cada uno, así como el inmueble donde ocurrieron los hechos, para asegurar la protección habitacional del anciano.

El caso pone en evidencia la problemática de la explotación de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y la importancia de la intervención estatal y comunitaria para prevenir y sancionar estos delitos. Organismos de derechos humanos y autoridades judiciales destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas.