El Ministerio de Salud de la Nación anunció una serie de medidas decisivas tras el escándalo por la distribución de fentanilo contaminado, que provocó la muerte de más de 90 pacientes en hospitales y clínicas argentinas. Entre las acciones más relevantes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición de Rigecin Laboratorios SA y Laboratorios Rivero, tras detectar graves incumplimientos a las buenas prácticas de fabricación y presunta contaminación en productos hospitalarios. Las inspecciones realizadas entre el 6 y el 13 de junio revelaron deficiencias críticas que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de las soluciones intravenosas producidas por Rigecin, lo que llevó a la prohibición de uso y comercialización de varios lotes y su retiro inmediato del mercado.

En paralelo, el Gobierno designó a Saúl Flores como nuevo secretario de Gestión Sanitaria, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la remoción de Diego Spagnuolo. Esta decisión se tomó luego de la filtración de audios que presuntamente exponían maniobras irregulares en la compra de medicamentos y servicios para el Programa Incluir Salud, destinado a beneficiarios de pensiones por discapacidad. La vocería presidencial justificó la remoción de Spagnuolo por la "evidente utilización política de la oposición en año electoral".

El Ministerio de Salud también informó la designación de Gastón Morán como nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fortaleciendo el perfil técnico del organismo regulador. Estas reformas se enmarcan en un proceso de auditoría integral y reestructuración interna, con el objetivo de recuperar la eficiencia y la confianza pública tras el impacto del escándalo.

En el plano judicial, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención e indagatoria de nueve directivos de laboratorios implicados en la producción y comercialización de fentanilo adulterado. El Gobierno se presentó como querellante en la causa, y el ministro Mario Lugones manifestó su determinación de avanzar hasta las últimas consecuencias: “¡Sé la calaña de los dueños de HLB Pharma!”, expresó en los pasillos del Ministerio.

El escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en el sistema sanitario argentino. Las medidas adoptadas buscan garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos, así como erradicar prácticas irregulares que han afectado históricamente a los programas de salud pública. El proceso de reestructuración y auditoría continúa, mientras se espera que las investigaciones judiciales arrojen resultados concretos y se implementen nuevas políticas para evitar futuras crisis.