Una investigación judicial en San Fernando destapó un escándalo de corrupción en la empresa estatal ARSAT, tras el robo y vandalismo de equipos estratégicos de la Red Federal de Fibra Óptica. El hecho, detectado el 4 de enero de 2024, expuso la precaria custodia de 17 contenedores tecnológicos almacenados en un predio de la empresa Argentina Logistic Services (ALS), que había sido contratada poco antes por ARSAT.

Según testimonios de empleados, el depósito presentaba condiciones de abandono, con humedad, ratas, pastizales altos y sistemas de seguridad inoperativos. Estas falencias facilitaron el robo de bienes valuados en 151.000 dólares, considerados clave para el desarrollo del Proyecto Shelter-2, destinado a ampliar la conectividad digital en el país.

La investigación, a cargo del juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, derivó en la detención del ex presidente de ARSAT, Facundo Leal. Durante allanamientos en sus propiedades de Palermo y Mendoza, la Policía Federal halló 2,5 millones de dólares en efectivo y sofisticados equipos de espionaje, incluyendo detectores de radiofrecuencia, inhibidores de señal y teléfonos satelitales. "La pregunta es para qué quería Leal equipos de este tipo", señaló una fuente judicial a Clarín.

Chats y documentos secuestrados revelan que Leal y otros imputados tenían conocimiento anticipado de la investigación y habrían intentado obstaculizarla, eliminando pruebas y coordinando estrategias defensivas. El fiscal Domínguez afirmó que estas acciones constituyen "una forma de encubrimiento activo, ejecutada con el fin de entorpecer el esclarecimiento de los hechos".

El caso involucra a la empresa ALS, sospechada de haber obtenido contratos mediante sobornos. La hija de Leal también fue mencionada por retirar valijas de la casa de su padre antes de un allanamiento, según Página/12.

Facundo Leal, quien presidió ARSAT desde 2022 y fue designado luego en el ORSNA por el gobierno de Javier Milei, permanece bajo investigación junto a otros nueve imputados. El escándalo reaviva el debate sobre la transparencia y el control en la gestión de empresas estatales argentinas, mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y el destino de los fondos incautados.