El Gobierno de Santa Fe ha intensificado los controles sobre la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tras detectar graves abusos en el consumo eléctrico de usuarios beneficiarios. Como resultado de una auditoría exhaustiva, se dio de baja a 1.506 usuarios en toda la provincia que registraron consumos muy por encima del promedio habitual de un hogar, que oscila entre 700 y 800 kilovatios.

Entre los casos más extremos, se identificaron 21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kilovatios, generando facturas superiores a los 17 millones de pesos. De ese monto, los beneficiarios abonaron menos de 3 millones, mientras que el Estado provincial debió cubrir los 14 millones restantes. "Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Las irregularidades se concentraron principalmente en Rosario, Funes, Santa Fe capital y San José del Rincón. En Funes, por ejemplo, un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de $880.367, de la cual solo pagó $19.673, mientras que el Estado cubrió el resto. En la ciudad de Santa Fe y Rincón, se detectaron 50 casos con consumos superiores a 3.000 kilovatios, lo que implicó subsidios estatales por más de 23 millones de pesos.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, subrayó que "estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos". En este sentido, la provincia avanza con la compra de 75.000 telemedidores para monitorear en tiempo real los consumos y garantizar un uso más justo y transparente de los recursos públicos.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ha dispuesto auditorías permanentes y medidas de modernización para asegurar que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad. El objetivo es evitar que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares y garantizar que el consumo responsable sea la norma. Las autoridades insisten en que el abuso de unos pocos impacta negativamente en el sistema y perjudica a quienes realmente necesitan el subsidio, por lo que se mantendrán y profundizarán los controles en toda la provincia.