El escándalo por la gestión de fotomultas en Pilar ha sacudido a la provincia de Buenos Aires, tras detectarse irregularidades en los convenios entre la empresa Cecaitra y la Universidad de San Isidro (UNSO). Según documentación exclusiva, la UNSO presentó el mismo CBU que Cecaitra en los pagos, lo que generó sospechas sobre el manejo financiero y la transparencia de los acuerdos.

El sistema de fotomultas en la provincia funciona mediante convenios entre municipios, empresas tecnológicas y universidades, quienes reciben porcentajes de los ingresos generados por las multas. En Pilar, el intendente Federico Achaval firmó el convenio con la UNSO, una casa de estudios de San Isidro, y Cecaitra, que se presentó como "Cámara" del sector, aunque en realidad es una empresa. Este formato le permitió evitar el pago de IVA y ganancias, lo que fue objetado por el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ya había sancionado a otros intendentes, como Julio Zamora en Tigre, por contratos similares. Además, el ex ministro de Transporte provincial, Jorge D'Onofrio, fue imputado por delitos de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito relacionados con la contratación de Cecaitra. La empresa enfrenta investigaciones por obsolescencia tecnológica y el uso de cámaras no homologadas para la gestión de infracciones.

Ante estos hechos, el nuevo ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, decidió dar de baja a Cecaitra del registro de proveedores del Estado. El lunes, el ministerio notificó a los intendentes que ya no pueden contratar a esta firma y exigió a Cecaitra regularizar su situación registral en 30 días, bajo apercibimiento de exclusión definitiva.

El negocio de las fotomultas ha generado decenas de escándalos en los últimos años, con vínculos políticos y millonarios flujos de dinero. Cecaitra comenzó a crecer durante la administración de Daniel Scioli y ha mantenido relaciones con actores políticos locales, como la familia D'Onofrio, que ocupa cargos en el municipio de Pilar.

La situación expone la necesidad de mayor transparencia y control en los contratos públicos, así como la revisión de los mecanismos de distribución de ingresos y la homologación tecnológica. El futuro de Cecaitra como proveedor estatal depende de su capacidad para regularizar su situación y cumplir con las normativas vigentes.