Docentes universitarios de 66 universidades nacionales iniciaron este miércoles un paro de 72 horas, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en el último año. La medida, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, fue convocada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, y cuenta con el respaldo de sindicatos locales en todo el país.

El paro afecta a cerca de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes, según estimaciones sindicales. Si bien en algunas universidades, como la Nacional de Córdoba, se decidió no suspender las mesas de exámenes para no perjudicar a los estudiantes, en otras instituciones la medida impacta en el dictado de clases y actividades académicas.

El reclamo central es la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero suspendida por el Gobierno nacional, que argumenta falta de fondos para su ejecución. La normativa establece la actualización de salarios y partidas presupuestarias según la inflación, así como la convocatoria a paritarias y el fortalecimiento de becas y gastos operativos. Los gremios exigen un aumento salarial del 43-45% y advierten que, de no haber avances, podrían profundizar las medidas de fuerza, incluyendo la suspensión de exámenes y el retraso del inicio del ciclo lectivo 2026.

Rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sindicatos docentes evalúan acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley. "Un decreto no puede suspender una ley", señaló Leandro Vergara, decano de Derecho de la UBA, mientras que Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, advirtió sobre la gravedad institucional de incumplir normas con amplia legitimidad social y política.

Por su parte, los gremios no docentes y minoritarios, como FATUN y FEDUN, optaron por no adherir al paro y priorizar el diálogo con el Gobierno. El presupuesto 2026 propuesto por el Ejecutivo es considerado insuficiente por los sindicatos y rectores, quienes estiman que se requiere un incremento del 53% para garantizar el funcionamiento de las universidades.

El conflicto se inscribe en un contexto de recortes presupuestarios y pérdida salarial que afecta al sistema universitario público desde 2024. Durante el año, se registraron cerca de 30 días de protestas, paros y movilizaciones en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Los representantes sindicales advierten que las medidas podrían profundizarse si no se atienden sus demandas, poniendo en riesgo la continuidad del sistema educativo superior en Argentina.