El Gobierno nacional anunció que no aplicará las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, a pesar de que el Senado rechazó los vetos presidenciales y obligó al Ejecutivo a promulgar ambas normas. La decisión del Congreso, que contó con más de dos tercios de los votos, establece la vigencia de las leyes que garantizan actualizaciones presupuestarias para las universidades públicas y mejoras salariales para el personal de salud pediátrica, especialmente en el Hospital Garrahan.

Desde la Casa Rosada, funcionarios argumentaron que no asignarán recursos presupuestarios para la implementación de las leyes, aduciendo la falta de fondos y la necesidad de priorizar el equilibrio fiscal. "Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata", señalaron fuentes oficiales, que también mencionaron el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera para justificar la decisión.

El impacto presupuestario de la ley universitaria asciende a $1,96 billones, equivalente al 0,23% del PBI, mientras que la emergencia pediátrica implica un costo adicional de más de $65.000 millones entre julio y diciembre. A pesar de que el Gobierno anunció una inversión de $30.000 millones para obras en el Garrahan, la medida es vista como insuficiente por los sectores afectados.

Rectores universitarios, gremios docentes y no docentes, así como abogados constitucionalistas, advirtieron que el Ejecutivo está obligado a cumplir la ley y que el incumplimiento podría derivar en acciones judiciales o incluso en un juicio político. "Ahora corresponde que el gobierno promulgue y cumpla con la ley sin más dilaciones", expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Desde los sindicatos, se destacó la importancia de la movilización social y el acompañamiento ciudadano en defensa de la educación y la salud pública.

El conflicto se produce en un contexto de crisis presupuestaria, con una pérdida real del 40% en el financiamiento universitario en el último año y medio. La situación ha generado una fuerte tensión política y podría derivar en una judicialización del conflicto si el Gobierno persiste en su postura. Mientras tanto, la comunidad educativa y sanitaria mantiene la expectativa de que se cumplan las normas sancionadas por el Congreso, consideradas fundamentales para el futuro del sistema público argentino.