La investigación judicial sobre presuntas maniobras ilícitas con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el acceso al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández ha sumado en los últimos días nuevos testimonios y pruebas que sacuden al ámbito político y financiero del país. El financista Francisco Hauque, uno de los principales investigados, declaró públicamente que exfuncionarios del Banco Central y del gobierno nacional estaban al tanto y participaban en una red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y el acceso a divisas entre 2022 y 2023.

Según Hauque, el esquema generaba hasta un millón de dólares diarios de ganancia, parte de los cuales habrían sido blanqueados a través de un proyecto hotelero en la ciudad de Tandil. "Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil", afirmó el financista en declaraciones televisivas. El emprendimiento, ubicado en el centro de esa ciudad, habría sido adquirido por Fernández y el empresario Juan Agra, aunque la operación quedó inconclusa tras el cambio de gobierno.

La causa, instruida por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, investiga el pago de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones de SIRA en plazos de 24 horas, cuando los trámites solían demorar hasta seis meses. El expediente involucra a más de 50 personas y empresas, y se apoya en el análisis de chats y documentos incautados, así como en la declaración de testigos y arrepentidos.

Hauque, quien asegura haber recibido amenazas de muerte y cuenta con custodia policial, sostiene que su exposición pública es una "póliza de seguro de vida". En su testimonio, apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández, al exsecretario de Comercio Matías Tombolini y a exfuncionarios del Banco Central, aunque negó su propia participación activa en la maniobra y se definió como un "perejil" dentro de la estructura.

Fuentes cercanas al gobierno anterior han calificado las acusaciones de "irrisorias" y motivadas políticamente, negando cualquier participación de Fernández o de otros funcionarios en los hechos investigados. Sin embargo, la causa sigue avanzando y mantiene bajo la lupa a numerosos actores del sector financiero y político, en un contexto de creciente tensión y expectativa por las posibles derivaciones judiciales y políticas del caso.

El sistema SIRA fue implementado para controlar importaciones y el acceso a divisas en un contexto de cepo cambiario estricto, y la investigación actual busca esclarecer tanto el origen como el destino de los fondos involucrados, así como la posible existencia de una red de corrupción y lavado de dinero en la gestión anterior.