La investigación por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires, sumó en los últimos días un nuevo capítulo tras la entrega de documentos por parte de David Rachid Lichi, miembro de una reconocida familia paraguaya. Según fuentes judiciales, la documentación aportada al fiscal argentino Sebastián Basso incluye registros de transferencias por más de 12 millones de dólares entre 1989 y 2000, presuntamente dirigidas a Ali Hussein Abdallah, individuo vinculado a Hezbollah y buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado.

La entrega de los documentos se realizó en marzo de 2025 en Clorinda, Formosa, tras una revisión de archivos familiares en medio de una disputa sucesoria. Entre los papeles figuran chequeras, boletas de depósito y registros contables de la financiera SAFIO, empresa dirigida por la familia Rachid Lichi. De acuerdo con la investigación, las transferencias se realizaban en montos menores para evitar controles bancarios y también se detectaron maniobras financieras en Panamá.

La familia Rachid Lichi, con fuerte presencia en la política paraguaya, se vio involucrada en la causa a raíz de la denuncia de David Rachid Lichi, quien acusa a sus tíos de apropiación indebida de acciones tras el fallecimiento de su madre. El ministro Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, negó cualquier vínculo con la empresa y atribuyó la denuncia a un conflicto familiar, señalando que su primo enfrenta múltiples demandas y antecedentes judiciales. “Nunca participé en la empresa y estas acusaciones surgen de una disputa interna”, afirmó el funcionario.

La investigación, que involucra a la Triple Frontera y a Ciudad del Este como puntos clave en la logística y financiamiento de los acusados, sigue abierta y cuenta con la colaboración de fiscales argentinos, paraguayos y autoridades estadounidenses. La familia Rachid Lichi busca presentar su versión de los hechos y evalúa acciones legales si las acusaciones resultan infundadas. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando la veracidad de los documentos y el posible rol de la familia en el financiamiento a Hezbollah, en un caso que mantiene en vilo a la región y a la memoria argentina.