Siete integrantes de una organización narcocriminal, conocida como “Los Peluches” y conformada por gendarmes en actividad, exonerados y civiles, fueron condenados en Salta por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados durante 2024. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta impuso penas que van desde los 3 hasta los 15 años de prisión, en lo que se considera una de las sentencias más significativas en la provincia desde la implementación del sistema acusatorio federal.

La investigación, liderada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, reveló que la banda utilizaba un grupo de WhatsApp para coordinar los traslados de droga, compartir información sobre controles policiales y planificar la logística de los operativos. El primer cargamento, de 303 kilos de cocaína, fue interceptado el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, mientras que el segundo, de 31 kilos, fue hallado el 26 de octubre en Rosario de la Frontera. Los vehículos utilizados, una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok, fueron decomisados junto a una vivienda en Orán.

Entre los principales condenados se encuentran Richar Ariel Delgado y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, quienes recibieron 15 años de prisión, y Jonathan Leonel Ostapowicz, condenado a 14 años. Otros miembros de la organización recibieron penas de entre 3 y 12 años, dependiendo de su grado de participación. La jueza Gabriela Catalano, presidenta del tribunal, destacó la magnitud de la operación y la gravedad de que miembros de una fuerza de seguridad hayan utilizado sus conocimientos para facilitar actividades delictivas.

Según los peritajes, la cocaína incautada podría haber generado más de 2,7 millones de dosis, con un potencial impacto en la salud pública de más de dos millones de personas. La sentencia también incluyó el decomiso de bienes y vehículos empleados en los delitos. El caso fue considerado un precedente relevante en la lucha contra el narcotráfico en la región, evidenciando la necesidad de fortalecer los controles internos en las fuerzas de seguridad y la importancia de la cooperación judicial para desarticular organizaciones criminales complejas.