El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, anunció la habilitación de adelantos de coparticipación para doce provincias argentinas, en un intento por aliviar la delicada situación financiera que atraviesan los distritos tras la caída de la recaudación. La medida, que será formalizada mediante un decreto presidencial, contempla un tope de hasta 400 mil millones de pesos y una tasa de interés del 15%, considerablemente inferior a las tasas del mercado financiero, que oscilan entre el 30% y el 45%.

Según fuentes oficiales, las provincias beneficiadas son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El mecanismo ya había sido implementado en enero con Entre Ríos, y ahora se extiende a otros distritos de diferentes signos políticos, incluyendo algunos gobernados por la oposición. "Es una política habitual. En vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indican al Gobierno qué es lo que necesitan", explicaron desde el Ejecutivo.

El adelanto de coparticipación consiste en anticipar fondos que corresponden por ley a las provincias, con la obligación de reintegrarlos dentro del mismo año. El objetivo principal es evitar que los gobiernos provinciales deban recurrir al endeudamiento en el mercado, donde las condiciones son mucho más onerosas. "Se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente", argumentaron desde la Casa Rosada.

La decisión fue tomada tras una serie de reclamos de los gobernadores, quienes enfrentan dificultades para afrontar el pago de salarios y otros gastos corrientes. En varias provincias, como Catamarca, Córdoba, Jujuy y Río Negro, se registran paros docentes y conflictos con trabajadores estatales. Además, intendentes de capitales provinciales reclamaron recientemente en Paraná la llegada de fondos nacionales a los municipios.

La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y gobernada por Axel Kicillof, quedó excluida de este esquema, lo que incrementa la tensión política con el Ejecutivo nacional. Analistas señalan que la medida, aunque brinda alivio inmediato, pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad fiscal de las provincias.

El contexto de la medida está marcado por una caída real de entre 4% y 11% en las transferencias automáticas a las provincias durante el primer trimestre de 2026, según estimaciones de consultoras y organismos fiscales. El Gobierno nacional busca así evitar un "efecto contagio" de crisis fiscal y dotar de mayor previsibilidad al flujo de recursos, en un escenario de alta incertidumbre económica.