El secuestro de 470 kilos de cocaína en el sur de Tucumán ha sacudido a la provincia y puesto en el centro del debate la posible infiltración del narcotráfico en estructuras políticas y económicas locales. El operativo, realizado por Gendarmería Nacional durante un control de rutina en la Ruta 157 a la altura de Río Seco, permitió interceptar una Toyota Hilux conducida por Marcos Nacif, en cuyo interior se hallaron 15 bultos con 449 paquetes de cocaína, valuados en más de dos millones de dólares.

La investigación, a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, avanzó rápidamente con la detención de Rodrigo Chávez, comerciante y ex candidato a concejal de Famaillá, y posteriormente de Pablo Abraham, empresario local. Chávez fue vinculado al caso por ser el titular del vehículo utilizado para el transporte de la droga, mientras que Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia y se abstuvo de declarar. En los allanamientos realizados en propiedades de Abraham, se incautaron una máquina para contar billetes, cheques y documentación bancaria.

Según la hipótesis principal, los detenidos habrían cumplido funciones logísticas para una organización criminal de mayor envergadura, posiblemente relacionada con el clan Castedo. Se sospecha que la droga fue transportada por vía aérea desde Bolivia y acopiada temporalmente en zonas rurales de Famaillá antes de su distribución hacia otras provincias.

El caso ha reavivado denuncias de “narcopolítica” en Tucumán. El legislador José Cano advirtió sobre la presunta convivencia entre estructuras criminales y el Estado, y cuestionó la efectividad de los controles, señalando que el hallazgo fue producto del azar y no de inteligencia criminal. “La Justicia debe investigar quiénes facilitan y se benefician con el tránsito de drogas en la provincia”, afirmó Cano.

Mientras tanto, vecinos y allegados a los detenidos manifestaron sorpresa y escepticismo respecto a su implicancia, destacando su perfil emprendedor y acciones solidarias. Sin embargo, la Justicia mantiene el secreto de sumario y continúa investigando el origen de los fondos y las posibles conexiones políticas y económicas detrás del caso.

El impacto del operativo y las sospechas de vínculos institucionales han puesto en alerta a la sociedad tucumana, que exige respuestas claras y acciones concretas para combatir el avance del narcotráfico en la región.