El Gobierno nacional realizó el mayor reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en lo que va de 2026, transfiriendo $47.000 millones a 11 provincias entre el 19 y el 20 de marzo. Según datos de la consultora Politikon Chaco, Corrientes fue la principal beneficiaria con $8.000 millones, seguida por Mendoza con $7.000 millones y Entre Ríos con $6.000 millones. Estas jurisdicciones están gobernadas por mandatarios aliados o con buena relación con la Casa Rosada, lo que evidencia la lógica política detrás de la distribución de recursos.

El desembolso, realizado en apenas 48 horas, representa un incremento real del 129% respecto a febrero, cuando se giraron $20.000 millones, y un 98,5% más que en marzo de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el total de ATN distribuidos asciende a $74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%.

El esquema de reparto incluyó también a Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Neuquén, con montos menores pero significativos. El informe destaca que la mayoría de los gobernadores beneficiados mantienen canales de diálogo abiertos con el Gobierno nacional y han mostrado disposición a acompañar iniciativas clave del oficialismo en el Congreso.

El uso intensivo de los ATN ocurre en un contexto de ajuste fiscal y caída de la coparticipación, lo que ha incrementado la dependencia de las provincias respecto a los fondos discrecionales de la Nación. Si bien los gobernadores valoran la asistencia, advierten que estos aportes no alcanzan para compensar la baja de la recaudación nacional y la merma de ingresos propios.

Históricamente, los ATN han sido utilizados tanto para asistir financieramente a las provincias como para construir y sostener alianzas políticas. El actual reparto refuerza esa tendencia, en un escenario donde la gobernabilidad y el apoyo legislativo resultan claves para la administración nacional. El futuro de la relación fiscal entre Nación y provincias dependerá de la evolución de la recaudación y de la capacidad de los gobernadores para negociar recursos adicionales.