La cerealera Vicentin, una de las principales agroexportadoras de Argentina, atraviesa un momento decisivo tras años de crisis financiera y disputas judiciales. El juez Fabián Lorenzini, de Reconquista, Santa Fe, validó la propuesta del Grupo Grassi, que logró reunir las mayorías necesarias de acreedores en el proceso de cramdown, superando a la oferta del consorcio Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.

Según el informe de la sindicatura judicial, Grassi SA fue reconocida como la primera en alcanzar las mayorías exigidas por la Ley de Concurso de Quiebras, con el respaldo de 1.141 acreedores sobre 1.708 computables, lo que representa el 84,99% del capital. Esta decisión judicial se da en el marco de un proceso que tuvo al 31 de octubre como fecha límite para la presentación de avales, en el que también competía el consorcio Molinos Agro-LDC, que comunicó haber alcanzado la "doble mayoría" y presentó impugnaciones sobre los avales de Grassi.

El juez Lorenzini abrió un plazo de cinco días para que los legitimados procesales concursales puedan impugnar el acuerdo. En caso de no presentarse objeciones fundadas, el acuerdo podría quedar en condiciones de ser homologado, lo que marcaría el cierre de uno de los procesos concursales más complejos de la historia económica argentina. Vicentin, que llegó a facturar USD 4.300 millones por año, arrastra un pasivo superior a USD 1.300 millones y un patrimonio neto negativo de más de USD 1.000 millones, afectando a más de 1.700 acreedores, entre productores, cooperativas, acopios y bancos.

La propuesta de Grassi contempla la conversión de créditos a dólares y esquemas de pago flexibles, incluyendo entregas de soja a lo largo de diez años y anticipos de efectivo inmediatos. Por su parte, Molinos Agro-LDC impugnó la validez de algunos avales presentados por Grassi, alegando vínculos poco transparentes y solicitando la exclusión de ciertos acreedores del recuento. El proceso judicial se extendió por más de cinco años, con intentos fallidos de expropiación durante la gestión de Alberto Fernández y múltiples apelaciones.

El caso Vicentin se convirtió en símbolo de la crisis del modelo agroexportador y de debates sobre la relación entre el Estado y el sector privado. Mariano Grassi, CEO de Grassi, aseguró que "la gran mayoría nos apoyó" y prometió inversiones y continuidad laboral. El futuro de Vicentin sigue pendiente de resolución definitiva y de la causa penal por presunto fraude contra exdirectivos, mientras el sector agroindustrial observa con atención las implicancias de este desenlace.