La ciudad de Concordia atraviesa un fuerte conflicto laboral tras la decisión del Ejecutivo municipal de no renovar los contratos de aproximadamente 190 empleados, medida que afecta a diversas áreas como Tránsito, Salud y Desarrollo Social. La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores, quienes se enteraron de la desvinculación al intentar registrar su ingreso laboral, sin haber recibido notificación previa.

La reducción de personal ha generado demoras significativas en la atención al público, especialmente en la Central de Tránsito, donde los ciudadanos deben esperar varias horas para realizar trámites como la obtención de licencias de conducir. Entre los afectados se encuentran personas con discapacidad y adultos mayores, quienes han manifestado su malestar por la falta de respuestas y la lentitud en el servicio.

Los gremios municipales, encabezados por la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), han repudiado la medida y anunciado un "quite de colaboración" en todas las áreas del municipio, en solidaridad con los despedidos. "Queremos que alguien dé la cara porque acá nadie dio la cara", expresó Pablo Almuzara, secretario adjunto de la UOEMC, quien también denunció la falta de diálogo con el Ejecutivo y la arbitrariedad en la selección de los empleados desvinculados.

El Ejecutivo municipal, por su parte, argumenta que la decisión responde a la necesidad de cuidar los recursos de las arcas públicas y sostiene que los contratos no renovados corresponden a designaciones de la gestión anterior. Sin embargo, los gremios rechazan esta explicación y acusan al intendente Francisco Azcué de favorecer a cooperativas externas y funcionarios con altos salarios, en detrimento de los trabajadores contratados.

El conflicto ha escalado con la realización de movilizaciones y asambleas, que cuentan con el apoyo de concejales y sectores políticos locales. Mientras tanto, la comunidad enfrenta la reducción de servicios y la incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados municipales. El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes y de la respuesta del Ejecutivo a los reclamos gremiales.