El gendarme argentino Nahuel Gallo compareció ante la Cámara Federal porteña para relatar los detalles de su detención en Venezuela, donde permaneció privado de su libertad durante 448 días. Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 por autoridades venezolanas bajo acusaciones de espionaje, terrorismo y de planear un atentado contra la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante su cautiverio, fue recluido en cárceles de alta seguridad como El Rodeo I y Ramo Verde, donde denunció haber sido sometido a torturas físicas y psicológicas.

La Cancillería argentina intervino desde el inicio, calificando la detención como un secuestro y considerando a Gallo un preso político. Tras intensas gestiones diplomáticas y la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gallo fue liberado el 2 de marzo de 2026 y repatriado en un avión privado facilitado por la AFA. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció el papel de la AFA en la negociación, aunque cuestionó la apropiación del protagonismo.

En su declaración ante los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, Gallo solicitó ser reconocido como único querellante en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Esta petición surge en el marco de la apelación a la decisión del juez Sebastián Ramos, quien había dispuesto la unificación de las querellas de las víctimas.

La causa, iniciada en 2023 por denuncias de víctimas venezolanas y organizaciones de derechos humanos, se tramita en la justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal. El expediente reúne informes de organismos internacionales que documentan detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Cámara Federal deberá resolver en los próximos días si acepta el pedido de Gallo y si cita al presidente de la AFA, Claudio Tapia, como testigo para esclarecer las circunstancias de la liberación y repatriación del gendarme.

Gallo expresó en redes sociales: “No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido”. El caso podría sentar un precedente en la aplicación de la jurisdicción universal en Argentina y marcar un hito en la investigación internacional de crímenes de lesa humanidad.