Sergio Mansilla, un joven de 26 años con problemas de salud acreditados, falleció tras descompensarse durante un traslado judicial desde Merlo a Lomas de Zamora. Mansilla estaba detenido desde principios de 2025, imputado por un robo cuya autoría nunca fue probada, ya que la única evidencia en su contra era la declaración de la víctima y las cámaras de seguridad no lo ubicaban en la escena del hecho.

Durante su detención, Mansilla padeció un progresivo deterioro físico debido a síndrome de Tourette, epilepsia y problemas de salud mental. A pesar de los reiterados pedidos de atención médica y la intervención del Comité contra la Tortura, no se le garantizó la medicación ni los estudios necesarios. Su abogada, Samanta Pedrozo, denunció que la Unidad 60 de Merlo, donde estuvo alojado, carecía de recursos médicos adecuados para su condición.

El 7 de octubre, Mansilla fue trasladado a los tribunales de Lomas de Zamora para una pericia psicológica en el marco de un pedido de prisión domiciliaria. Según la defensa, tras la pericia, que finalizó cerca de las 14, Mansilla no regresó de inmediato al penal y recién alrededor de la medianoche ingresó inconsciente al hospital Gandulfo, donde fue reanimado tras un paro cardiorrespiratorio. Permaneció una semana internado en terapia intensiva, esposado a la cama y con episodios convulsivos constantes, hasta su fallecimiento el 14 de octubre.

La autopsia preliminar descartó signos de violencia física, aunque el informe final indicó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, aún restan pericias químicas para determinar si recibió la medicación adecuada y cuánto tiempo estuvo descompensado. La familia de Mansilla denuncia una brecha horaria sin explicación entre la finalización de la pericia y su ingreso al hospital, y apunta contra el Servicio Penitenciario Bonaerense y el sistema judicial por presunta negligencia y encubrimiento.

Meses después de su muerte, la Justicia dictó el sobreseimiento en la causa por robo, decisión que la familia considera tardía y reveladora de una detención injusta. El caso sigue bajo investigación en la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lomas de Zamora, que analiza si hubo violencia institucional o falta de atención médica. Se esperan nuevas pericias en febrero para esclarecer las responsabilidades y el accionar de las autoridades involucradas.