Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue finalmente trasladado a la Unidad 14 de Esquel, en Chubut, tras una prolongada disputa judicial y administrativa. El traslado se concretó luego de que el juez federal Gustavo Zapata intimara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a cumplir la orden bajo amenaza de sanciones, tras semanas de resistencia por parte de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Seguridad, que argumentaban razones de seguridad para mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad.

Jones Huala llevaba más de un año detenido en Rawson y había iniciado una huelga de hambre líquida, que luego radicalizó a huelga seca, en reclamo de condiciones dignas y cercanía con su familia y comunidad. Según denunció su defensa, el líder mapuche sufría vulneraciones a sus derechos culturales y condiciones inhumanas de detención, lo que motivó la protesta y la presión judicial para su traslado.

La defensa de Jones Huala calificó la demora en el traslado como una "rebeldía procesal" y un "secuestro" por parte del Poder Ejecutivo, señalando que el proceso judicial está marcado por la persecución política y la aplicación de criterios excepcionales. "Facundo estuvo ilegalmente detenido a disposición del gobierno, quien lo sustrajo de la jurisdicción del juez y se negó a cumplir la orden", afirmaron sus abogados.

Actualmente, Jones Huala permanece bajo prisión preventiva, que ha sido prorrogada en varias ocasiones, mientras avanza la investigación por delitos de asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público, presuntamente cometidos en el marco de la RAM. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la agrupación buscaba imponer sus ideas por la fuerza en la Patagonia, mientras que la defensa denuncia la falta de pruebas y la extensión irregular de la detención.

El caso de Jones Huala ha generado reacciones encontradas: mientras organizaciones de derechos humanos y la Gremial de Abogados celebran el traslado y exigen su libertad, las autoridades judiciales y de seguridad insisten en la gravedad de los hechos investigados. El proceso sigue abierto y se espera que la prisión preventiva se extienda al menos hasta septiembre, en un contexto de alta tensión política y social en la región patagónica.