El juicio por la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez, perpetrados en 1956 por la dictadura de la Revolución Libertadora, comenzó este miércoles en el municipio de San Martín, provincia de Buenos Aires. Setenta años después de los hechos, el proceso busca una reparación histórica y simbólica para las víctimas y sus familias, en un contexto donde los responsables directos ya han fallecido y no es posible avanzar con condenas penales.

La audiencia inaugural se realizó en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde ocurrieron los fusilamientos. El tribunal, presidido por la jueza Alicia Vence, escuchó el testimonio de Juan Carlos Livraga, el único sobreviviente vivo, quien relató desde Estados Unidos los detalles de aquella noche trágica. Livraga recordó cómo fue detenido junto a otros militantes peronistas, trasladado a un descampado y dado por muerto tras recibir disparos. “Mi pasado es mi presente. No puedo dormir, revivo lo que viví”, expresó en su declaración.

Los hechos juzgados ocurrieron tras el fallido levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el régimen de Pedro Eugenio Aramburu. La policía bonaerense, bajo las órdenes del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, detuvo a doce personas en una casa de Florida y ejecutó a cinco de ellas en José León Suárez. Los sobrevivientes, entre ellos Livraga, sufrieron persecución y exilio. La investigación de Rodolfo Walsh, plasmada en el libro "Operación Masacre", fue clave para reconstruir los hechos y visibilizar la impunidad.

Durante la audiencia, familiares de las víctimas relataron el dolor y el silencio que debieron soportar durante décadas. Berta Carranza, hija de uno de los fusilados, afirmó: “Queremos que se reconozca como crimen de lesa humanidad. Por más que hayan pasado 70 años, queremos justicia”.

El juicio, que se inspira en el precedente de la Masacre de Napalpí, no prevé condenas pero sí la reconstrucción judicial de los hechos y el reconocimiento oficial de los crímenes. La jueza Vence destacó que “el examen judicial de determinados hechos es importante para la sociedad toda”. El proceso concluirá tras tres jornadas de audiencias, con la expectativa de que marque un antes y un después en la memoria colectiva y la lucha contra la impunidad estatal.