El transporte público de Bahía Blanca atraviesa una de sus crisis más profundas tras la decisión de las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier de reducir drásticamente las frecuencias y suspender el servicio nocturno desde el sábado 18 de abril. La medida, motivada por el aumento de los costos operativos y la reducción de subsidios nacionales, dejó a miles de usuarios, especialmente trabajadores y estudiantes, sin opciones de movilidad durante la noche.

Según informaron las empresas, el precio del combustible se incrementó un 50% y los salarios un 20% desde noviembre de 2025, mientras que el recorte de subsidios nacionales representó una pérdida del 30% de sus ingresos. "Como empresa no nos queda otra opción que atacar el problema por el lado del gasto. La medida busca proteger a los trabajadores, al sistema y a los usuarios. Si seguíamos así, íbamos directo al colapso", explicó Guillermo Martínez Hesselink, asesor de Rastreador Fournier.

El Municipio, por su parte, solicitó una prórroga para mantener los horarios habituales y evitar un colapso total del sistema mientras se negocia una solución. El subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, calificó la decisión empresarial como "unilateral" y advirtió que "pone fuertemente de rehén principalmente a los usuarios y a los trabajadores". Además, el Municipio avanzará con intimaciones legales para exigir la normalización del servicio.

La crisis del transporte público no es exclusiva de Bahía Blanca. A nivel nacional, la eliminación de subsidios y el aumento de los combustibles han generado situaciones similares en otras ciudades. El sistema de subsidios, vigente desde 2003, ha quedado desfasado frente a la inflación y los recortes presupuestarios. "Hoy la solución depende del Municipio, porque esos ingresos perdidos se deben cubrir o por compensaciones municipales o por el aumento del boleto", señaló Martínez Hesselink.

Mientras tanto, la caída en la cantidad de pasajeros, estimada entre un 12% y un 20%, agrava la situación financiera de las empresas. Sectores sindicales y sociales reclaman una mayor intervención estatal y advierten sobre el impacto social de la crisis. El futuro del transporte público en Bahía Blanca dependerá de las negociaciones en curso y de la capacidad de los distintos niveles de gobierno para encontrar una salida sostenible.