La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, generó conmoción y renovó el debate sobre la protección de la infancia en Argentina. El menor falleció el pasado 7 de abril en el Hospital Regional de la ciudad, tras haber sido trasladado de urgencia desde la vivienda de su madre, Mariela Altamirano, en el barrio Quinta Uno. Según los primeros informes médicos y judiciales, Ángel presentaba lesiones recientes en la cabeza, lo que llevó a la fiscalía a investigar el caso como un posible homicidio.

El fiscal Facundo Oribones, a cargo de la investigación, confirmó en conferencia de prensa que la autopsia preliminar detectó traumatismos craneales de hasta diez días de antigüedad. “Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están siendo monitoreados”, afirmó Oribones. La madre y su pareja, quienes estaban a cargo del niño por decisión judicial, son los principales sospechosos, aunque hasta el momento no hay imputados formales.

La madre de Ángel, en declaraciones públicas, negó cualquier responsabilidad en la muerte de su hijo y aseguró que intentó reanimarlo al notar que no respondía. “Yo no maté a mi hijo, lo protegí y lo busqué”, sostuvo Altamirano. Por su parte, el padre del menor, Luis López, denunció que la justicia le quitó la tenencia tras una denuncia de violencia de género y que desde entonces no pudo volver a ver a su hijo. “A mi hijo lo mataron. Siempre pedí ayuda y no me escucharon”, expresó López, quien reclama justicia y cuestiona la actuación de las autoridades.

El caso se desarrolla en un contexto de denuncias cruzadas entre los padres y antecedentes de conflictos familiares. La decisión judicial de revinculación, que permitió que Ángel volviera a vivir con su madre, es ahora objeto de debate y críticas, especialmente tras conocerse que el niño vivía en situación de vulnerabilidad. Los fiscales aclararon que, en el fuero penal, no existían alertas previas sobre riesgos para el menor, aunque en la Justicia de Familia sí se habían presentado denuncias.

Mientras la investigación avanza y se esperan los resultados finales de la autopsia y peritajes a teléfonos, la sociedad de Comodoro Rivadavia se movilizó con marchas y reclamos de justicia. El caso recuerda al de Lucio Dupuy y pone en el centro del debate la necesidad de revisar los protocolos de protección infantil y las decisiones judiciales en casos de conflicto familiar. Las autoridades aseguraron que, de comprobarse responsabilidades institucionales, se iniciarán las investigaciones correspondientes.