Un reciente informe elaborado por el investigador Milko Schvartzman ha puesto en evidencia que el 63,1% de la flota argentina dedicada a la pesca de calamar está bajo control de empresas chinas. Según el reporte, 53 de los 84 buques poteros que operan bajo bandera argentina tienen como beneficiarios finales a corporaciones chinas, lo que representa una preocupante extranjerización del sector pesquero nacional.

El estudio, basado en observaciones satelitales y documentos oficiales chinos, detalla que estas empresas gozan de subsidios encubiertos y exenciones fiscales otorgadas por el gobierno de Beijing. Esta situación les otorga una ventaja competitiva del 21% respecto a las empresas argentinas y de otros países que operan en el mismo caladero. En 2025, Argentina exportó 193.385 toneladas de calamar por un valor de USD 550 millones, de los cuales China fue el principal destino, recibiendo 124.037 toneladas por USD 337 millones.

El informe también señala que al menos el 15,5% de la flota bajo control chino está vinculada a actividades de pesca ilegal, lo que viola la Ley Federal de Pesca argentina. Además, se han documentado casos de fraude laboral, abuso de tripulantes y mezcla de capturas legales e ilegales, lo que afecta la trazabilidad y reputación internacional del calamar argentino.

La consolidación del dominio chino se remonta a acuerdos de cooperación firmados en 2013 y a la falta de controles efectivos sobre la estructura societaria de las empresas pesqueras. La normativa china considera los productos capturados en aguas argentinas como nacionales, exentos de aranceles e IVA, lo que incentiva aún más la expansión de estas compañías en el país.

Actores del sector y especialistas advierten que, de mantenerse esta tendencia, la totalidad de la flota pesquera de calamar argentina podría quedar en manos de capitales chinos en menos de una década. Hasta el momento, no se han registrado protestas diplomáticas formales por parte del gobierno argentino ante las denuncias de pesca ilegal y competencia desleal.

El informe concluye que la falta de transparencia, controles y exigencias regulatorias ha facilitado la competencia ilegítima y la progresiva pérdida de control nacional sobre un recurso estratégico, con posibles consecuencias económicas y sociales a largo plazo.