Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en un movimiento que reconfigura el mapa de poder dentro del gobierno argentino. La decisión, impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en la estrategia oficialista, busca fortalecer el control sobre el Poder Judicial y acelerar la cobertura de vacantes en los tribunales.

La salida de Cúneo Libarona se produjo tras meses de negociaciones y un proceso de transición cuidadosamente gestionado. Durante este período, la Secretaría General facilitó licencias y contención al ministro saliente, mientras se buscaba un perfil más joven y con mayor inserción en el ámbito judicial. Finalmente, Mahiques, con experiencia previa como fiscal y reconocido por sus conexiones en el sector, fue el elegido para liderar la nueva etapa.

En sus primeras declaraciones, Mahiques negó cualquier acuerdo para favorecer a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó haber recibido pedidos para frenar investigaciones sensibles, como las causas Andis y Libra, que involucran a figuras del oficialismo. "No vengo a tapar ninguna investigación", afirmó, subrayando su independencia y la de su gestión.

El flamante ministro solicitó la renuncia de los titulares de organismos clave, como la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de conformar un equipo de confianza y avanzar en la agenda de reformas. Entre las prioridades, se encuentra el envío al Senado de los pliegos para cubrir más de 200 vacantes judiciales, una medida esperada por el Poder Judicial y otros sectores políticos.

La reconfiguración interna también refleja el creciente protagonismo de Karina Milei, quien ha consolidado su liderazgo en la toma de decisiones estratégicas tras las elecciones de medio término. Analistas y sectores de la oposición advierten sobre el riesgo de una mayor concentración de poder, mientras que el oficialismo defiende la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y garantizar la aplicación efectiva de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El impacto de estos cambios se verá en los próximos meses, a medida que se definan las nuevas designaciones y se clarifique la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto de alta sensibilidad política e institucional.