Un grave caso de contaminación de agua en tres escuelas de Mar del Sud, partido de General Alvarado, derivó en una investigación judicial que involucra a autoridades educativas y a un contratista privado. La situación salió a la luz tras reiterados episodios de vómitos, diarrea y sarpullidos entre los alumnos, que los padres atribuyeron al consumo de agua contaminada en los establecimientos.

La investigación reveló que los certificados de potabilidad presentados por el Consejo Escolar eran falsos y manipulados digitalmente, con supuestos sellos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. "Durante mucho tiempo a nuestros hijos les dieron agua con materia fecal para tomar, para comer y para lavarse", denunciaron los padres, quienes impulsaron estudios independientes que confirmaron la presencia de bacterias peligrosas como Escherichia Coli y pseudomonas.

La Justicia federal imputó a la presidenta, vicepresidenta y tesorero del Consejo Escolar, así como al contratista encargado de la limpieza de tanques, por defraudación a la administración pública, falsificación de documentos y suministro de agua nociva. El fiscal solicitó la prohibición de salida del país y restricción de acercamiento a las escuelas para los acusados, además del embargo de sus bienes.

El conflicto se agravó por la falta de red cloacal y de agua corriente en Mar del Sud, lo que facilitó la contaminación de las napas por desbordes del pozo séptico. Los padres, tras descubrir la manipulación de los certificados, suspendieron la asistencia de sus hijos a clases y exigieron garantías fehacientes sobre la calidad del agua. "Nadie pensó en los pibes ni se pusieron en nuestra piel", expresó Norberto Lamelas, uno de los padres que impulsó la denuncia.

La intervención de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires y la investigación judicial buscan esclarecer la responsabilidad de los funcionarios, quienes intentaron atribuir el hecho exclusivamente al contratista. Sin embargo, los mensajes de WhatsApp y otros documentos prueban la complicidad y el conocimiento de la falsedad por parte de los consejeros escolares.

El caso, que se habría repetido en otros establecimientos desde 2021, pone en evidencia graves falencias en el control sanitario y administrativo de las escuelas públicas de la región. Mientras la causa avanza, los padres mantienen su reclamo por seguridad y transparencia, y la comunidad educativa espera respuestas concretas para evitar futuros riesgos.