La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en el centro del debate la violencia infantil y las fallas en los sistemas de protección. El 5 de abril de 2026, Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Los médicos constataron un cuadro crítico y, pese a los esfuerzos, el niño falleció esa misma noche.

La autopsia reveló un panorama estremecedor: Ángel presentaba al menos 20 lesiones internas en la cabeza, compatibles con golpes reiterados en los días previos a su muerte. El informe forense determinó que la causa del deceso fue una muerte cerebral vinculada a un edema cerebral generalizado, producto de la violencia sufrida. El fiscal Facundo Oribones afirmó que "las lesiones fueron llevadas adelante de forma voluntaria, no accidentales".

La investigación penal se orientó rápidamente hacia la hipótesis de homicidio agravado. La madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, fueron detenidos y permanecen bajo prisión preventiva por seis meses. González tenía antecedentes de violencia de género y maltrato infantil, según testimonios de exparejas y vecinos. La madre, por su parte, fue acusada de omisión, al no haber protegido a su hijo pese a conocer la situación de violencia en el hogar.

El caso también puso en evidencia deficiencias institucionales. En noviembre de 2025, un juez de familia había otorgado la tenencia de Ángel a su madre, a pesar de antecedentes previos de maltrato y la pérdida de la custodia de otro hijo. La familia paterna había reclamado reiteradamente la restitución de la tenencia, sin éxito. La docente de Ángel había advertido cambios de conducta y señales de maltrato, pero las alertas no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal.

La muerte de Ángel reabre el debate sobre la violencia doméstica y la protección de la infancia en Argentina. Según datos de Unicef, el 70% de los menores en el país sufre métodos de disciplina violentos y uno de cada tres recibe castigo físico en el hogar. El caso ha generado indignación social y pedidos de revisión de los protocolos de intervención y protección infantil. La familia paterna anunció acciones legales contra los funcionarios judiciales involucrados en la decisión de tenencia.

Mientras la investigación avanza, la sociedad exige respuestas y medidas concretas para evitar que tragedias como la de Ángel López se repitan.