La tradicional Feria de la Bristol, ubicada en la rambla de Mar del Plata, fue demolida esta semana tras un megaoperativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredon. El procedimiento, realizado en el marco de una causa federal por infracción a la Ley de Marcas y evasión fiscal, incluyó el secuestro de más de 8.000 productos valuados en $500 millones, la identificación de 91 personas y la incautación de dinero, vehículos y documentación.

La investigación, liderada por el juez federal Santiago Inchausti, reveló que la feria operaba desde hace más de 25 años en un espacio público con permisos vencidos y sin control fiscal. Según la causa, el Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) gestionaba la feria y recaudaba sumas millonarias en efectivo a cambio de permisos informales para operar los puestos, con alquileres que llegaban a $3 millones mensuales en temporada alta. "El principal investigado figura como 'No Inscripto' ante el ARCA, a pesar de administrar una organización que maneja flujos de dinero", señala la instrucción judicial.

El operativo, que incluyó allanamientos en la feria y en locales vinculados al sindicato, fue seguido por la demolición total de más de 170 puestos, bajo la supervisión de autoridades judiciales y municipales. El intendente Agustín Neme presentó una denuncia penal para investigar la presunta estructura organizada que habría operado en el predio, cobrando sumas millonarias en negro y comercializando productos apócrifos.

El Sindicato de Vendedores Ambulantes y los puesteros afectados denunciaron que la demolición se realizó sin orden judicial específica y sin notificación previa. "Necesitamos recuperar el espacio de trabajo", reclamó Walter Rivero, secretario general de SIVARA, quien anunció acciones legales contra el municipio y exigió una mesa de diálogo para buscar soluciones laborales. "Cada vez hay más gente trabajando en la calle porque se quedaron sin trabajo o no les alcanza para vivir", agregó.

Desde el municipio, en tanto, se defendió la medida argumentando que la feria era una ocupación ilegal y que existían graves deficiencias en materia de seguridad, higiene y salud pública. La causa judicial sigue en curso y se investigan posibles responsabilidades penales y administrativas, mientras los puesteros reclaman alternativas laborales y advierten sobre el impacto social del cierre.