El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó la creación del Programa Municipal de Sepelio Solidario, una iniciativa impulsada por el intendente Walter Vuoto que busca garantizar el acceso universal a servicios funerarios para todos los residentes de la ciudad. El programa será financiado mediante un incremento del 10% en la tasa general de servicios municipales, lo que permitirá cubrir gastos de traslado, velatorio, trámites administrativos e inhumación, con libertad de elección de la empresa funeraria.

La medida fue sancionada en la última sesión ordinaria del año, con el respaldo de los bloques del Partido Justicialista, FORJA, Movimiento Popular Fueguino y Provincia Grande. En contraste, los bloques de La Libertad Avanza y Somos Fueguinos votaron en contra, argumentando falta de transparencia y cuestionando la premura con la que se trató el proyecto, que no pasó por las comisiones habituales.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque PJ, Laura Avila, defendió la iniciativa como una política pública de carácter social destinada a acompañar a las familias en momentos de vulnerabilidad económica y emocional. "El Estado no puede mirar para otro lado cuando una familia atraviesa una situación tan difícil. Esta ordenanza viene a dar una respuesta humana y solidaria", afirmó.

Sin embargo, la oposición y representantes del sector funerario expresaron fuertes críticas. La concejal Daiana Freiberger (Provincia Grande) señaló que el proyecto genera incertidumbre por la falta de detalles sobre su implementación y alcance. Por su parte, Eduardo Malvé, vocero de la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelios, calificó la medida de "inconstitucional" y advirtió sobre la injerencia estatal en una actividad privada.

El programa contempla que, en caso de que el solicitante ya cuente con un seguro privado, el municipio abonará a la familia el equivalente al costo básico del sepelio. No obstante, aún no se han presentado estimaciones oficiales sobre el nivel de recaudación esperado ni detalles sobre la administración de los fondos.

La aprobación de esta ordenanza se da en un contexto de crisis económica nacional y caída de recursos, lo que ha llevado al municipio a implementar políticas de contención social y a reestructurar su gabinete para optimizar el uso de los recursos públicos. El debate sobre el rol del Estado y la transparencia en la gestión de fondos públicos continuará siendo un eje central en la agenda política local.