El gobierno argentino adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul y su socia local Servimagnus, en lo que constituye la mayor privatización de la gestión de Javier Milei. El contrato, oficializado el 19 de junio de 2026, otorga la operación, mantenimiento y cobro de peaje de la vía navegable por 25 años, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco años.

La Hidrovía es un corredor estratégico por el que circula el 80% de las exportaciones argentinas y conecta a Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay con el Atlántico. Según el Ministerio de Economía, la adjudicación permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos y dará inicio a una etapa de modernización tecnológica, con obras de profundización y mejoras en la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.

El proceso de licitación, que fue auditado por la ONU, contó con el respaldo de cámaras empresariales y gobiernos provinciales, quienes destacaron la transparencia y la importancia de la obra para la competitividad nacional. "Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad", afirmó Wim Bosteels, representante de Jan De Nul. Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, subrayó el compromiso ambiental y la profesionalización del servicio.

Sin embargo, la adjudicación no estuvo exenta de polémicas. Organizaciones civiles y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron denuncias por presuntas irregularidades, señalando que el pliego habría favorecido a Jan De Nul y que faltaron estudios de impacto ambiental. Además, la competencia con la firma belga DEME derivó en acusaciones cruzadas sobre vínculos con capitales extranjeros y supuestas irregularidades en las ofertas.

A pesar de las controversias, el proceso no registró impugnaciones formales y fue celebrado por el sector privado como un paso clave para el desarrollo productivo y la inserción internacional de Argentina. El contrato prevé inversiones cercanas a los 10.000 millones de dólares y la creación de empleo directo e indirecto para más de 600 familias. La ejecución operativa avanzará en paralelo a las investigaciones judiciales en curso, que podrían incidir en la viabilidad política y legal de la concesión.