La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza el caso del asesinato de Julieta González, ocurrido en Mendoza en 2016, en lo que podría convertirse en un fallo clave para la interpretación judicial del femicidio en Argentina. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que la defensa de Andrés Di Césare, condenado por el crimen, presentara un recurso para revertir la calificación de femicidio que la Suprema Corte de Mendoza había confirmado en 2021 y ratificado en 2022.

Julieta González, de 21 años, desapareció el 21 de septiembre de 2016. Seis días después, su cuerpo fue hallado en un descampado de Cacheuta, atado de pies y manos y con signos de violencia extrema. La investigación determinó que González y Di Césare mantenían un vínculo cercano, con frecuentes encuentros y salidas. Pruebas científicas, como restos de piel bajo las uñas de la víctima, sangre en el vehículo del acusado y coincidencia de antenas telefónicas, vincularon directamente a Di Césare con el crimen. Además, se detectaron búsquedas en internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo y pruebas de ADN en cadáveres.

En septiembre de 2019, el tribunal oral mendocino condenó a Di Césare a 18 años de prisión por homicidio simple, sin considerar el agravante de violencia de género. Esta decisión generó protestas masivas de organizaciones feministas, que reclamaban una condena por femicidio. A principios de 2021, la Corte de Mendoza revisó el fallo y consideró que el homicidio se produjo en un contexto de violencia de género, modificando la calificación a femicidio y elevando la pena a prisión perpetua. El tribunal provincial fundamentó su decisión en la asimetría de poder y el modo de agresión, propios de la violencia de género.

La defensa de Di Césare recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora debe decidir si mantiene la calificación de femicidio. Ante la posibilidad de un fallo dividido, el máximo tribunal convocó a dos conjueces, Rocío Alcalá y Gustavo Castiñeira, para participar en la resolución definitiva. El fallo que emita la Corte Suprema tendrá alcance nacional y podría establecer criterios jurídicos sobre los elementos necesarios para calificar un homicidio como femicidio, incluso en ausencia de un vínculo de pareja formal.

El debate central gira en torno a la interpretación de la Ley 26.791, que incorporó el femicidio al Código Penal en 2012, y los estándares probatorios requeridos para su aplicación. El caso es seguido de cerca por organizaciones feministas, de derechos humanos y la comunidad jurídica, ya que podría sentar precedente sobre uno de los tipos penales más debatidos en los últimos años en Argentina.