El gobierno de Javier Milei realizó en marzo el mayor reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) del año, transfiriendo $47.000 millones a 11 provincias en apenas dos días. Corrientes, Mendoza y Entre Ríos encabezaron la lista de beneficiarios, recibiendo $8.000, $7.000 y $6.000 millones respectivamente, según datos de la consultora Politikon Chaco. El operativo, ejecutado entre el 19 y el 20 de marzo, fue interpretado como un gesto político hacia los gobernadores aliados o dialoguistas con la Casa Rosada.

El monto distribuido representa un incremento real del 129% respecto a febrero y un 98,5% en comparación con marzo de 2025. En el acumulado del primer trimestre, los ATN alcanzaron los $74.000 millones, lo que implica una suba real interanual del 29%. Sin embargo, la medida generó polémica, ya que provincias gobernadas por opositores, como Buenos Aires y Córdoba, no recibieron fondos. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, denunció que la provincia sufrió una pérdida de recursos de $164.000 millones en los primeros dos meses del año y enfrenta una situación crítica.

La distribución de los ATN se da en un contexto de fuerte caída de la recaudación nacional, que en febrero retrocedió un 9,5%, afectando los ingresos de todas las provincias. Los gobernadores beneficiados reconocieron la importancia de los fondos, pero advirtieron que no alcanzan para compensar la baja de la coparticipación y la recesión económica. "No es plata, las provincias este trimestre están entre 35 y 70 mil millones abajo en promedio", señaló un funcionario provincial.

Analistas y fuentes políticas coinciden en que el reparto de ATN responde a una estrategia del Ejecutivo para asegurar apoyo legislativo y sostener alianzas en un escenario de ajuste fiscal. El uso discrecional de estos fondos ha sido una herramienta histórica para fortalecer la gobernabilidad, aunque la exclusión de distritos opositores reavivó el debate sobre la equidad en la distribución de recursos nacionales. El futuro de la relación entre Nación y provincias dependerá, en gran medida, de la evolución de la recaudación y de la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio político y financiero.