La Justicia argentina ordenó este miércoles 25 allanamientos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y graves irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se realizaron en droguerías y domicilios particulares, con el objetivo de incautar celulares, computadoras y documentación relevante para la investigación.

La causa se originó tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exjefe de la ANDIS, en los que se describía una supuesta operatoria de sobornos a laboratorios proveedores del organismo. En estos registros se mencionaba la presunta participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor, Eduardo "Lule" Menem. La denuncia fue presentada por Gregorio Dalbón y aceleró el desarrollo de la investigación, que abarca el período de diciembre de 2023 a agosto de 2025, durante la gestión de Javier Milei.

Según fuentes judiciales, los allanamientos responden a una nueva línea de investigación surgida tras el análisis de los teléfonos móviles de los primeros implicados, que contenían datos comprometedores sobre otras personas. Hasta el momento, no se han ordenado detenciones, pero se incautaron documentos, facturas y registros de compras de medicamentos que no estaban trazados por el Ministerio de Salud. El fiscal Picardi busca determinar si hubo sobreprecios y direccionamiento en la adquisición de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad.

La principal empresa bajo investigación es la droguería Suizo Argentina SA, aunque la pesquisa se ha ampliado a otras compañías que podrían haber participado en el presunto circuito de pagos indebidos. El Gobierno, por su parte, reconoció la existencia de irregularidades y anunció una auditoría interna en la ANDIS, además de la intención de reformar el sistema de compras para que dependa directamente del Ministerio de Salud.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para la próxima semana. Organizaciones civiles y sectores de la oposición han exigido transparencia y sanciones ejemplares, mientras la Justicia mantiene el expediente bajo secreto de sumario y continúa con peritajes y análisis de pruebas. El resultado de la auditoría interna se espera para después de las elecciones legislativas de octubre, en un contexto de fuerte presión política y social por el esclarecimiento del caso.