Pedro Esteban Morales Anisco, conocido como "El Piter", fue trasladado este miércoles a una cárcel federal, en una medida coordinada entre el Gobierno de Mendoza y la Justicia Federal. Morales Anisco, de 30 años, es considerado uno de los criminales más peligrosos de la provincia y estaba alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, desde donde lideraba una organización dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos graves.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó el traslado y destacó que "hoy trasladamos a la cárcel federal a uno de esos que se creía ‘intocable’, investigado por narcotráfico, organización criminal, lavado de activos y una tentativa de homicidio contra una niña". La funcionaria subrayó que la medida busca impedir que internos de alta peligrosidad continúen ejerciendo influencia sobre organizaciones criminales desde los penales provinciales.

Morales Anisco fue imputado como autor intelectual del ataque armado que dejó gravemente herida a una niña de 11 años en Godoy Cruz, el pasado 21 de marzo. Según la investigación, el ataque fue ordenado desde la cárcel como represalia en una disputa vinculada al narcotráfico. La menor recibió cuatro disparos y fue hospitalizada de urgencia, logrando sobrevivir tras una larga recuperación.

El traslado de Morales Anisco se produce tras una serie de allanamientos realizados en junio, que permitieron desarticular parte de la red criminal que operaba tanto dentro como fuera del penal. La organización, según los investigadores, manejaba más de 500 millones de pesos y contaba con la complicidad de agentes penitenciarios y colaboradores externos.

La jueza Martina Hertlein unificó recientemente las penas de Morales Anisco en 28 años y 3 meses de prisión, sumando condenas por homicidio, estafas y venta de drogas intramuros. El caso ha puesto en evidencia la problemática del control criminal desde las cárceles argentinas y ha motivado nuevas medidas de seguridad, como la prohibición del ingreso de celulares y el refuerzo de requisas.

El Gobierno provincial y la Justicia Federal han reforzado la cooperación para combatir el crimen organizado, mientras la sociedad mendocina sigue atenta a la evolución de este caso, que ha generado preocupación por la violencia y la capacidad de los presos de operar desde prisión.