El Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar una recomposición salarial para el personal de la Policía provincial y el Servicio Penitenciario, tras más de un mes de intensas negociaciones y protestas. La medida, adoptada por resolución administrativa, eleva el salario inicial de un agente a $1.746.634 a partir de julio, posicionando a la provincia entre las que ofrecen los sueldos policiales más altos del país.

La decisión se tomó luego de que fracasaran al menos siete reuniones paritarias y quince propuestas salariales presentadas por el Ejecutivo, todas rechazadas por los representantes policiales. "Hicimos el mayor esfuerzo posible. Esta es una propuesta seria, responsable y totalmente pagable", sostuvo el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, quien además convocó al personal a retomar plenamente sus funciones y advirtió que se descontarán los días no trabajados.

El conflicto, que lleva más de 30 días, se ha manifestado en acampes y cortes frente a la Casa de Gobierno y la residencia oficial del gobernador Claudio Vidal en Río Gallegos. Según fuentes oficiales, la nueva estructura salarial incorpora mejoras surgidas de los planteos realizados por los trabajadores durante las negociaciones. Sin embargo, los representantes policiales consideran insuficiente la oferta y exigen un salario inicial de $2.200.000, así como la integración de sumas no remunerativas al básico.

El Ejecutivo provincial denunció hechos de violencia y daños en la Escuela de Policía durante las protestas, y reiteró su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo institucional. "Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional", señalaron en un comunicado.

El conflicto policial se produce en un contexto de creciente tensión social y reclamos de otros sectores estatales, lo que incrementa la presión sobre la gestión del gobernador Vidal. Mientras tanto, el Gobierno busca garantizar la seguridad y el funcionamiento de los servicios esenciales, al tiempo que enfrenta críticas de la oposición y de los propios efectivos policiales.