La Cámara de Diputados de Argentina se apresta a debatir esta semana la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que ha generado un fuerte debate entre oficialismo, oposición y organizaciones ambientalistas. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, otorgando a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben incluirse o excluirse del Inventario Nacional de Glaciares.

La reforma, que busca modificar los criterios de protección para habilitar actividades económicas en zonas actualmente restringidas, especialmente en áreas periglaciales, ha sido promovida por gobernadores de provincias con desarrollo minero, como San Juan y Catamarca. El oficialismo confía en reunir el quórum necesario para la aprobación definitiva, mientras que la oposición y organizaciones ambientalistas han anticipado acciones judiciales en caso de que la ley sea sancionada.

Durante las audiencias públicas realizadas en marzo, participaron alrededor de 400 oradores, reflejando el alto nivel de interés y controversia que rodea la iniciativa. Los defensores de la reforma argumentan que la ley actual es demasiado restrictiva y que la modificación permitirá inversiones millonarias y desarrollo económico en las provincias. "La discusión no tiene que plantearse como una disyuntiva entre cuidar el ambiente o permitir el desarrollo productivo", señalaron desde el oficialismo.

Por su parte, la oposición y especialistas en derecho ambiental sostienen que la reforma es regresiva y viola la Constitución al debilitar los "presupuestos mínimos" de protección ambiental. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió que "la reforma va a terminar en la Justicia por inconstitucional, ya que vulnera los presupuestos mínimos de protección del ambiente". Además, se cuestiona la transferencia de atribuciones al ámbito provincial y la posible competencia entre provincias para flexibilizar los criterios de protección.

En paralelo, organizaciones sociales y ambientalistas han intensificado las movilizaciones en defensa del agua y los glaciares, alertando sobre los riesgos de contaminación y desprotección de cuencas hídricas como la del río Chubut. El debate, que enfrenta la protección ambiental con el desarrollo económico y la autonomía provincial, promete continuar tanto en el ámbito legislativo como en los tribunales y en las calles.