El megaproyecto minero Vicuña, considerado la mayor inversión minera en la historia de Argentina, adjudicó la construcción de una parte fundamental de su campamento a un consorcio liderado por empresas chinas, lo que ha generado un intenso debate en la industria nacional. Ubicado en la provincia de San Juan, el proyecto prevé una inversión total de hasta 18.000 millones de dólares y una producción anual estimada de 400.000 toneladas de cobre durante los primeros 25 años de operación.

La segunda etapa del campamento, que representa aproximadamente el 25% de la capacidad total, fue adjudicada a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A., por un monto de 52 millones de dólares. La oferta superó a la presentada por la empresa local Modular Homes, que ascendía a 70 millones de dólares. La decisión de importar los módulos habitacionales desde China, mientras que las obras civiles y el montaje estarán a cargo de RAFA S.A. en Argentina, generó preocupación entre empresarios y cámaras industriales locales.

Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada, expresó que "cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país". Otros referentes del sector señalaron que la diferencia de 18 millones de dólares entre las ofertas no justifica el impacto negativo en la cadena de valor y el empleo nacional.

Desde la empresa Vicuña, integrada por BHP y Lundin Mining, defendieron el proceso de licitación, argumentando que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de seguridad, plazos y costos. Además, destacaron que el 95% de los trabajadores actuales son argentinos y el 73% provienen de San Juan, y que la compañía trabaja con 264 proveedores nacionales.

El proyecto se desarrolla bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios aduaneros y busca atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, la polémica por la baja integración local en la construcción del campamento reavivó el debate sobre el verdadero impacto de estos regímenes en el desarrollo industrial argentino. Mientras tanto, la empresa anunció que en los próximos meses se abrirán nuevas licitaciones para ampliar el campamento y construir infraestructuras adicionales, manteniendo la expectativa de que parte de esas obras puedan ser adjudicadas a empresas locales.

El gobierno provincial de San Juan no emitió declaraciones oficiales sobre la controversia, pero el tema sigue generando discusión en el sector industrial y entre los actores políticos, en un contexto donde la minería es vista como una oportunidad clave para el desarrollo económico regional y nacional.