Agustín Fernández, exdiputado nacional y exintendente de Aguilares, fue elegido este viernes como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán tras una votación en la Legislatura provincial. Fernández recibió el respaldo de 38 de los 48 legisladores presentes, mientras que la abogada Claudia Boyanovsky obtuvo seis votos y el doctor José Alcaraz no sumó adhesiones. Hubo además cuatro abstenciones.

La sesión especial, convocada exclusivamente para la elección del ombudsman, estuvo marcada por tensiones y cruces entre oficialismo y oposición. Aunque el proceso de selección se ajustó a la Ley 6.644 y fue supervisado por las comisiones legislativas, varios legisladores opositores cuestionaron la independencia del cargo y criticaron que la Defensoría del Pueblo no debe ser utilizada como un "premio político". También se debatió sobre el presupuesto asignado al organismo y el incremento de su planta de personal en los últimos años.

Fernández, quien presidió el Bloque Independencia en la Cámara baja y cuenta con una larga trayectoria política, agradeció el apoyo recibido y se comprometió a fortalecer el rol institucional de la Defensoría, asegurando que actuará con autonomía y objetividad. "Mi compromiso es trabajar para fortalecer el rol institucional de la Defensoría del Pueblo y atender de manera independiente los reclamos de la ciudadanía", expresó tras prestar juramento.

El proceso de selección incluyó la evaluación de antecedentes y entrevistas a los tres candidatos finales, seleccionados entre 45 postulantes. La presidenta de las comisiones intervinientes, Carolina Vargas Aignasse, destacó el nivel de las exposiciones y la transparencia del procedimiento.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene rango constitucional y su misión es la defensa y promoción de los derechos humanos y otros intereses colectivos frente a la administración pública y los prestadores de servicios. La designación de Fernández, que ocupará el cargo por cinco años, generó diversas reacciones: mientras el oficialismo defendió su idoneidad, sectores opositores y críticos insistieron en la necesidad de garantizar la independencia del organismo y propusieron reformas a la ley vigente. El debate sobre el rol y la autonomía de la Defensoría del Pueblo continúa siendo un tema central en la política tucumana.