La controversia sobre el derecho al voto de los policías bonaerenses asignados al operativo de seguridad en las elecciones legislativas del 7 de septiembre sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una medida cautelar por parte de La Libertad Avanza (LLA) ante la Suprema Corte de Justicia provincial. El pedido, impulsado por la senadora Florencia Arietto, el apoderado Sebastián Pareja y el candidato Maximiliano Bondarenko, solicita que los agentes puedan sufragar en el mismo establecimiento donde cumplen funciones durante la jornada electoral.

Según el texto presentado, los dirigentes libertarios argumentan que la falta de respuesta de la Junta Electoral y el Ministerio de Seguridad a sus solicitudes previas constituye una "falta administrativa relevante" y advierten sobre el "peligro en la demora" ante la inminencia del acto eleccionario. "La demora en resolver la cuestión producirá una lesión irreparable al derecho de voto de los agentes, comprometiendo además la transparencia y legitimidad del proceso electoral", sostuvieron.

Por su parte, desde la Junta Electoral bonaerense y el Ministerio de Seguridad se aseguró que los policías afectados al operativo podrán votar en sus mesas asignadas por padrón, siempre que sea posible mediante relevos operativos. "La policía, por disposición legal, debe estar a disposición de las elecciones. Sin perjuicio de ello, el Comando Electoral dictó una resolución para facilitar el voto de los efectivos cuando operativamente sea posible", explicaron fuentes oficiales.

El operativo de seguridad involucra a 34.778 policías, de los cuales 28.778 pertenecen a la fuerza bonaerense y el resto a fuerzas federales. Además, el gobierno provincial estableció un viático de $75.000 para los efectivos que trabajen durante la jornada electoral.

El debate se da en un contexto de tensión política, con antecedentes de desplazamientos de oficiales por presunta militancia política y en medio de la campaña electoral. Mientras LLA insiste en que su pedido busca "salvaguardar el principio de igualdad ante la ley", las autoridades provinciales remarcan que el derecho al voto policial está garantizado y que se han tomado medidas logísticas para facilitarlo. La discusión expone diferencias sobre la interpretación de la normativa electoral y la operatividad del comicio, en una provincia donde menos del 30% de la fuerza policial estará afectada al operativo y el resto votará normalmente.