Bancos y gobiernos provinciales de Argentina han puesto en marcha una serie de programas para refinanciar deudas familiares, en respuesta a un aumento sin precedentes en la morosidad de créditos y tarjetas. El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito que permite a los clientes unificar todas sus deudas en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y cuotas iniciales bajas ajustadas por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) o por la evolución de los salarios. Esta herramienta está dirigida a quienes tienen cuotas vencidas pero aún no han caído en mora, con el objetivo de evitar que su situación crediticia se deteriore y limitar el acceso futuro al sistema financiero.

En paralelo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un plan de desendeudamiento para personas con atrasos de entre 60 y 180 días en tarjetas de crédito o préstamos personales. El programa, que excluye a quienes posean más de un inmueble o hayan comprado dólares durante el período de atraso, establece una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses para la devolución. Los beneficiarios tendrán 60 días para solicitar el crédito una vez que la norma sea reglamentada.

Otras provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba y Chubut, han implementado o analizan medidas similares, con tasas subsidiadas y plazos extendidos, dirigidas especialmente a empleados públicos, privados y jubilados. En Santa Fe, por ejemplo, un tercio de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes, y el gobierno provincial ha lanzado un plan específico para proteger los ingresos de los trabajadores.

El contexto es alarmante: la morosidad bancaria de las familias alcanzó el 12,1% en abril, el nivel más alto desde 2004, y más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular. El Congreso nacional también debate proyectos de desendeudamiento familiar, reflejando la preocupación política por el sobreendeudamiento de los hogares.

Las medidas buscan prevenir el deterioro del historial crediticio y ofrecer alivio financiero a las familias, aunque los bancos insisten en la necesidad de mantener criterios de acceso responsables para evitar nuevos riesgos en el sistema.