El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas argentinas está marcado por un paro nacional docente y no docente, en reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la ausencia de acuerdos paritarios. El conflicto, que afecta a más de dos millones de estudiantes, se extiende a lo largo de una semana y suma nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en todo el país.

El paro, convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y respaldado por las principales federaciones docentes y no docentes, responde a la pérdida salarial acumulada de entre 34% y 50% en los últimos dos años y a la caída del presupuesto universitario, que se redujo un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025. La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada en 2025 tras intensos debates legislativos y movilizaciones, exige la actualización automática de salarios y partidas presupuestarias según la inflación, pero su aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo, lo que motivó acciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos.

En diciembre de 2025, la Justicia falló a favor de la aplicación inmediata de la ley, pero el Gobierno apeló la medida y presentó un proyecto alternativo que propone aumentos salariales menores y elimina la garantía de actualización mensual por inflación. Esta propuesta fue rechazada por gremios y rectores, quienes insisten en la necesidad de cumplir la normativa vigente para garantizar el funcionamiento de las universidades.

El impacto del conflicto se refleja en la reducción de becas estudiantiles, la migración de docentes hacia otros sectores o países, el deterioro de la infraestructura universitaria y la declaración de emergencia presupuestaria y salarial en instituciones como la UBA, la UNC, la UNLP y la UNS. Las autoridades universitarias advierten que, de no resolverse el conflicto, el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad, afectando la calidad educativa y la continuidad de las actividades académicas, científicas y de extensión.

El sistema universitario argentino, con más de 115 instituciones y un rol central en la movilidad social y la producción científica, enfrenta así uno de los desafíos más graves de los últimos años. Mientras el Gobierno sostiene que su proyecto alternativo es un "mal menor" ante la posibilidad de una derogación total de la ley, gremios, rectores y estudiantes mantienen la coordinación de medidas de fuerza y no descartan una radicalización de las protestas si no se alcanza una solución satisfactoria en las próximas semanas.