El Senado de la Nación aprobó este jueves los pliegos de 74 jueces, fiscales y defensores propuestos por el Gobierno de Javier Milei, en una decisión que marca el mayor avance en la cobertura de vacantes judiciales en más de una década. La medida, celebrada por el oficialismo como un "hito" en la reconstrucción del Poder Judicial, permitirá reforzar áreas clave en tribunales nacionales y federales de todo el país, tras años de parálisis en las designaciones.

La lista de designados incluye una fuerte presencia de funcionarios con vínculos familiares y laborales dentro del propio sistema judicial. Entre los nuevos magistrados figuran hijos, esposas y colaboradores de jueces y fiscales de alto perfil, lo que generó críticas sobre la persistencia de la endogamia en la Justicia argentina. Uno de los casos más resonantes fue el de María Verónica Michelli, cuyo pliego fue aprobado pese a la objeción del propio Gobierno por su parentesco con un periodista crítico. También se destaca la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y de otros candidatos con trayectorias políticas o cercanía a gobernadores aliados.

El proceso de selección incluyó exámenes técnicos, entrevistas y la aprobación del Consejo de la Magistratura, antes de la votación final en el Senado. Si bien la mayoría de los pliegos fue aprobada por amplia mayoría, algunos generaron debates y rechazos parciales, especialmente aquellos con mayor exposición mediática o vínculos políticos.

Las designaciones cubren vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa, con un 69% de los pliegos destinados a la capital y el resto al interior del país. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la importancia de este avance para reducir el déficit de más de 360 cargos vacantes que arrastraba el sistema judicial.

El contexto de estos nombramientos remite a etapas previas de fuerte intervención política en la Justicia, como las registradas durante los gobiernos de Carlos Menem y Néstor y Cristina Kirchner. Analistas y sectores opositores advierten que, pese a los cambios de gestión, persisten prácticas de influencia política y familiar en la selección de magistrados. El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida es un paso clave en la "refundación" del Poder Judicial y anticipa nuevas tandas de designaciones en los próximos meses.