La Iglesia católica argentina manifestó su profunda preocupación por el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que el Gobierno nacional envió al Congreso. En una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, la Iglesia advirtió que la iniciativa representa una amenaza para la soberanía nacional sobre los recursos naturales y el acceso a la tierra.

El documento, dirigido a los legisladores, señala que el proyecto elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas con reservas de agua y otros bienes naturales. Además, permite la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios, una medida que hasta ahora estaba prohibida por la llamada "ley del fuego". Según la Iglesia, estas modificaciones debilitan la capacidad del Estado para gestionar el uso del territorio y proteger el interés comunitario, especialmente de los sectores más vulnerables.

"Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales", expresaron los obispos en la misiva. También calificaron de "alarmantes" los artículos que habilitan el uso inmediato de tierras castigadas por incendios.

El comunicado cita la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y la reciente Magnifica Humanitas del Papa León XIV para subrayar que la tierra debe ser considerada un bien común y no una simple mercancía. "La tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija", recordaron, enfatizando la importancia de proteger los recursos para las futuras generaciones.

El Gobierno, por su parte, defiende el proyecto como una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario y modernizar la gestión registral, argumentando que facilitará inversiones y agilizará trámites. Sin embargo, la Iglesia y las organizaciones sociales insisten en que cualquier reforma debe priorizar el bien común y garantizar la protección de los más vulnerables.

El debate sobre la ley se da en un contexto de creciente preocupación por la extranjerización de la tierra y la protección de los recursos naturales, así como por la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda en Argentina. La carta concluye con un llamado a los legisladores a guiar sus decisiones por el interés general y el futuro de las próximas generaciones.