La Justicia federal profundizó la investigación sobre presuntas maniobras irregulares y sobornos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), vigente entre 2022 y 2023. El fiscal Franco Picardi dispuso nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación a declarar de dos subdirectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y varios testigos clave, con el objetivo de esclarecer el funcionamiento del sistema y determinar si existieron pagos de coimas para acelerar autorizaciones de importación.

Según fuentes judiciales, Picardi también solicitó al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de empresarios y financistas como Juan Nápoli, presidente de Napoli Inversiones, y Juan Ignacio Agra, entre otros. La investigación apunta a determinar si existió un esquema de sobornos del 10 al 15% del valor de las importaciones para acceder al dólar oficial, generando así importantes márgenes de ganancia por la brecha cambiaria.

El expediente involucra a casas de cambio, funcionarios del Banco Central y empresarios del sector cambiario. Entre los citados a declarar figuran empleados y operadores de casas de cambio, así como personas que habrían trasladado dinero en efectivo por pedido de los principales investigados. Además, se analizan chats y llamadas entre los involucrados para reconstruir el circuito de las operaciones.

En paralelo, uno de los financistas investigados se ofreció a colaborar como imputado arrepentido, aunque su declaración aún no se formalizó. La fiscalía también amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que deberá analizar sumarios financieros y reconstruir posibles operatorias de lavado de dinero.

El SIRA, implementado durante el gobierno de Alberto Fernández, permitía a empresas acceder al dólar oficial bajo autorización estatal. El sistema fue criticado por su presunta discrecionalidad y falta de transparencia. En diciembre de 2023, algunos exfuncionarios fueron sobreseídos en una causa similar por falta de pruebas, aunque la actual investigación sigue su curso y podría ampliarse si se acumula con otros expedientes en trámite.

Mientras tanto, el gobierno actual y sectores judiciales reclaman mayor transparencia y colaboración de los organismos estatales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Exfuncionarios y empresarios, por su parte, niegan las acusaciones o relativizan su alcance, mientras la causa sigue sumando medidas y citaciones.