La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de dos exfuncionarios del último gobierno kirchnerista, Luis Pilquiman y José Luis Castillo, por el delito de apropiación indebida de beneficios sociales. Ambos cobraron el plan Potenciar Trabajo mientras percibían salarios como funcionarios públicos, en contravención a la normativa vigente.

Según la investigación, Pilquiman, quien se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), recibió el beneficio social desde febrero de 2020 hasta julio de 2021. Por su parte, Castillo, exdirector nacional de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, lo percibió hasta marzo de 2022. La normativa del programa establece que el beneficio debe cesar cuando el beneficiario pierde la condición de vulnerabilidad, situación que ocurre al acceder a un empleo formal en la administración pública.

El juez Ariel Lijo, a cargo de la instrucción, destacó que ambos imputados manifestaron conocer el régimen de incompatibilidades al ingresar a la función pública y omitieron informar la pérdida de los requisitos legales para seguir percibiendo el beneficio. "La inscripción en el Programa Potenciar Trabajo no impedía la designación como funcionario público, pero sí correspondía dar de baja el beneficio al acceder a la remuneración del nuevo cargo", señaló el magistrado.

Durante la indagatoria, Pilquiman se negó a declarar, mientras que Castillo argumentó que intentó dar de baja la asignación, pero no pudo hacerlo debido a las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. La Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, descartó la existencia de una estrategia planificada para defraudar a la administración pública, pero remarcó que los imputados tenían el deber de devolver el dinero recibido erróneamente o informar a las autoridades.

El fallo revocó la imputación por falsedad ideológica, al considerar que la omisión de declarar la percepción de un beneficio social no constituye una conducta penalmente relevante. Sin embargo, la Cámara subrayó que la responsabilidad de los funcionarios públicos es mayor y que, al no devolver los fondos ni informar la incompatibilidad, incurrieron en apropiación indebida.

Este caso se suma a antecedentes previos de Pilquiman, quien ya había sido elevado a juicio por un hecho vinculado a la toma de tierras en Villa Mascardi. El procesamiento de ambos exfuncionarios reaviva el debate sobre los controles y la ética en la administración pública, y podría sentar precedente para situaciones similares en el futuro.